Cada año, al menos 1500 niñas menores de 14 años dan a luz en el Perú, según estimaciones de Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. La cifra podría ser mayor si se consideran los embarazos que no culminan en parto.
Se trata de infancias, y toda relación sexual con menores constituye violación sexual bajo el artículo 173 del Código Penal peruano. Sin embargo, el Estado acaba de modificar la guía que regula el acceso al aborto terapéutico, reduciendo los supuestos que lo permiten, y dejando fuera aquellos vinculados a la salud mental.
La medida ha sido impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido conservador Renovación Popular. En su comunicado oficial, presentó el cambio como un avance en la “defensa de la vida”, pese a las alertas sobre su impacto en la salud de niñas embarazadas por violación.
El cambio fue aprobado por el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional Materno Perinatal. Aunque la ley de aborto terapéutico en el país está vigente desde 1924 y reglamentada desde 2014, la reciente modificación representa un retroceso, según alerta Susana Chávez, obstetra y directora de incidencia de Promsex.
“No se ha eliminado el aborto terapéutico en sí mismo, pero sí uno de los supuestos más importantes: el reconocimiento del daño a la salud mental”, explicó a RPP.
Eliminación del criterio de salud mental pone en riesgo a niñas embarazadas
En contextos como los embarazos forzados por violación, el criterio de salud mental ha sido clave para la actuación de los médicos. “La alta frecuencia de niñas embarazadas por abuso sexual ha hecho que se atienda esta problemática permitiendo a los médicos para dar una respuesta oportuna, porque se reconoce el daño psicológico”, sostiene Chávez.
La especialista recordó que las menores que acceden a una evaluación médica no lo hacen espontáneamente, sino a través de la intervención de sus madres, tutores o servicios de salud que detectan la situación. “Son casos en los que se solicita la intervención médica”, precisó Chávez, por lo que no es una decisión arbitraria ni masiva.
Según Promsex, en los últimos tres años se han documentado cerca de 4.000 casos de mujeres embarazadas producto de violación sexual que fueron evaluadas para aborto terapéutico. La mitad de ellas eran niñas menores de 14 años. Esta cifra es parte de una acumulación de más de una década de atención a víctimas en el sistema de salud.
“Cada año, nacen alrededor de 1500 bebés de niñas menores de 14 años“, alertó Chávez. Sin embargo, la adjunta a la institución consideró que al contabilizar todos los embarazos, incluyendo aquellos que no culminan en parto por pérdida espontánea, la cifra llega a entre 2.000 y 2.500 casos anuales.
Tan solo hasta junio de este año, se han registrado 319 recién nacidos provenientes de infancias entre los 0 a 14 años, según los números oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo.
Qué establece la ley y cómo funciona la evaluación médica
La ley peruana permite el aborto terapéutico cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer. Este derecho está reconocido desde hace 100 años, y como aclaran los especialistas, su vigencia no está en debate.
En nuestro país, la decisión de interrumpir el embarazo se toma en conjunto con una junta médica, que evalúa la situación clínica y autoriza el procedimiento si se justifica en los términos de la norma. La persona gestante es quien acepta o no el procedimiento, independientemente de su edad.
En el reglamento actual, el límite es hasta las 20 semanas de gestación, aunque la experta advierte que este tope no debería aplicarse en todos los casos. “Si una niña presenta un serio deterioro, no puede someterse a una situación más compleja”, puntualizó.
Una medida influenciada por sectores conservadores
Para Chávez, la decisión de modificar la guía no responde a evidencia médica, sino a presión de sectores conservadores que rechazan el aborto terapéutico. “Este no es un tema nuevo. Hay una corriente que intenta deslegitimar la figura del aborto terapéutico”, afirmó.
“Estamos frente a un retroceso”, advirtió. En el Congreso, algunas voces como la de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo han celebrado esta modificación bajo el argumento de “defender la vida desde la concepción”.
Sin embargo, esta postura ignora que obligar a una niña víctima de violación a continuar un embarazo también pone en riesgo su vida y vulnera sus derechos fundamentales. Lo cual es una forma de violencia institucional, al no ofrecer una atención médica adecuada y poner en riesgo su integridad física y mental. El cuerpo de una menor no está preparado físicamente ni psicológicamente para llevar a término un embarazo, y la consecuencia puede ser letal.
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